Main points
- Los indicadores globales, las encuestas y los casos recientes de alto nivel apuntan a riesgos pronunciados de corrupción en la administración pública de Ecuador.
- En los últimos años, los esfuerzos anticorrupción han pasado de centrarse exclusivamente en las sanciones punitivas a hacer hincapié en las medidas preventivas que ahora deben adoptar los organismos de la administración pública del país. Estas medidas incluyen la promoción de la integridad y la gestión de los riesgos de corrupción, tanto a nivel interno de estos organismos como a nivel intersectorial.
- Esto es especialmente visible en la Política Nacional de Integridad Pública y en el Plan Nacional para la Integridad Pública y la Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, estos fueron adoptados solo en 2024, por lo que su implementación aún no ha sido objeto de una evaluación exhaustiva.
- Las evaluaciones del marco nacional de lucha contra la corrupción realizadas por la OCDE y los actores de la sociedad civil han identificado obstáculos para la aplicación efectiva de estrategias anticorrupción anteriores.
- Entre estos obstáculos figuran los problemas de coordinación entre los actores institucionales, la redundancia de responsabilidades y, en ocasiones, las tensiones políticas entre los cinco poderes del Estado. Además, incluso en los casos en que la voluntad política ha llevado a la adopción de planes y estrategias ambiciosos, los frecuentes cambios tanto en el liderazgo como en las instituciones han socavado la aplicación y la continuidad de la agenda anticorrupción.
- Por otra parte, el marco anticorrupción de Ecuador es amplio, pero fragmentado. Las normas y obligaciones aplicables a los organismos de la administración pública y a sus funcionarios se distribuyen entre un número cada vez mayor de instrumentos y documentos normativos.
- Algunos de los retos relacionados con la coordinación y la continuidad en la lucha contra la corrupción en general han sido reconocidos por el Gobierno ecuatoriano.
- La OCDE ha identificado diversas prácticas recomendadas en la región latinoamericana. Entre ellas se incluyen: el establecimiento de sistemas nacionales de integridad con una coordinación supervisada por un actor institucional; la integración de expertos técnicos permanentes en las entidades de la administración pública para garantizar la continuidad; y la adopción de enfoques innovadores para mejorar la gestión de riesgos de corrupción.
